La crisis económica que ha atravesado España desde 2008 ha tenido consecuencias graves para los sectores más vulnerables de la población. Los usuarios de las clínicas de ortopedia (por ejemplo, quienes han sufrido lesiones relacionadas con la traumatología o dolor de espalda crónico) y las mismas empresas de este ámbito no han sido una excepción.
La previsión de recortes en la cofinanciación pública de cientos de productos ortoprotésicos (plantillas, sillas de ruedas, ropa especial para mujeres operadas por haber tenido cáncer de mama, etc.) ha puesto en guardia a los principales afectados.
Sus desvelos se deben a las modificaciones normativas que el Ministerio de Sanidad está estudiando para que las leyes autonómicas se adapten a la cartera de servicios de la prestación ortoprotésica.
Pese a la voluntad negociadora del sector de la ortopedia, el Gobierno central ha desarrollado un proyecto de Orden Ministerial para modificar el anexo VI del Real Decreto 1030/1996, de 15 de septiembre.
A grandes rasgos, estos cambios normativos implican complicaciones para los usuarios de los aparatos protésicos y ponen en peligro la viabilidad de las clínicas de ortopedia y empresas proveedoras.
Por lo tanto, las asociaciones y empresas del sector se están uniendo para denunciar los perjuicios citados y reivindicar una reapertura de las negociaciones. Por otra parte, esta movilización ha tomado una especial fuerza en Cataluña, donde la Federació Catalana d´Ortopèdia cuenta con una gran representatividad (alrededor del 95 % de los profesionales del ramo).
En este sentido, tanto a nivel español como catalán (en concreto), se ha convocado una huelga del ámbito de la ortopedia (cierres de centros) y manifestación ante la sede del Partido Popular.
Por el bien de las personas que tienen que usar productos de ortopedia para desarrollar su vida con bienestar y de las empresas que los producen, es de esperar que el Gobierno se avenga a volver a negociar.
Fuentes: